“Tenemos que reconocer que las universidades estamos enfrentando el problema del cyberbullying, el ciberacoso a la comunidad LGBTTTIQ+, por ello, es importante conocer los marcos internacionales de protección a los derechos humanos para no incurrir en falta de debida diligencia y de perspectiva de derechos humanos, porque no son hechos aislados, si seguimos con esa mentalidad retrógrada de no querer entender por qué las víctimas se atreven a denunciar en los espacios educativos las violencias que están sufriendo y la universidad hace como que no pasa nada”, afirmó Socorro Damián, de la Unidad de Género (Unigénero) de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I).
Durante el módulo 5 titulado Vacíos en la legislación universitaria en materia de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ del Seminario virtual “Población trans y diversidad sexual en las universidades”, organizado por la Unidad de Género (Unigénero) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) y la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual (RUGEDS) de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL), la especialista aseguró que muchas universidades se enfrentan a instituciones que incluso revictimizan a las personas que se atreven a denunciar.
“El derecho es una herramienta androcéntrica y patriarcal, pero conocerlo nos permite utilizarla para enfrentar esas violaciones a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual”, indicó Damián.
Abg. Socorro Damián
Respecto al marco normativo internacional de la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, la legista enumeró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y subrayó la importancia de los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. 
Socorro Damián señaló que la educación no sólo es ir al aula a aprender, implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a partir del cual se reconocer el derecho a elegir de forma autónoma quien se quiere ser de acuerdo a su proyecto de vida, que incluye la orientación sexual y la identidad de género que cada quién defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad, “ese es el derecho fundamental que se ha violentado en la población LGBTTTIQ+ por muchos años, incluso siglos”, lamentó.
En su intervención, Yelitza Orta, también de la Unigénero de la UAM-I, explicó que la dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas, no una simple declaración ética, por la cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de ser, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.
Manifestó que debido a la intolerancia humana y las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la población LGBTTTIQ+ como detenciones arbitrarias, asesinatos, violaciones, malos tratos, la injerencia a la privacidad de las personas de la diversidad sexual, negación de empleos y agresiones, entre otras, hayan tenido que surgir los colectivos que buscan defender los principios rectores de los derechos humanos: la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“Los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, sin embargo, no son absolutos deben amoldarse a las circunstancias que se presentan, lo que en muchas ocasiones hace que se hable de una universalidad occidental”, afirmó Yelitza Orta.
Abg. Yelitza Orta
Los derechos humanos están relacionados entre sí, por lo que se deben interpretar en conjunto y no de manera individual, es decir, “no podemos hablar de una vida sin violencia si no tengo acceso a la justicia, deben ser vistos de manera integral, los derechos humanos no tienen jerarquías, debemos hablar de una armonización a partir de su aplicación, donde tengan un mismo nivel de exigibilidad”, expresó la también legista.
En el caso de la legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), las abogadas indicaron que hay una normativa encargada de promover y defender y respetar los derechos humanos y actualmente se encuentra en revisión y modificación la Legislación Universitaria. No omitieron en coincidir en que en las universidades hace falta que las personas encargadas de la interpretación de las leyes tengan una formación y capacitación que las sensibilice en el tema de perspectiva de género, que ya de por sí es un problema estructural en los marcos normativos de las universidades, ya que sin mecanismos ni garantías no hay derechos humanos.
