En México somos testigos de otro avance más en materia de salud pública: el Estado de Veracruz despenaliza el aborto hasta 12 semanas de gestación, sumándose a Oaxaca, Ciudad de México, y hace pocas semanas, Hidalgo.
El derecho alcanzado, gracias a las luchas feministas, se inserta en uno de los estados mexicanos más violentos, en cuanto a feminicidios, y donde la ley no acompañaba la autonomía, la libertad de las personas gestantes.
De este modo, se realizó la abolición del artículo 152 que penaba con condenas de seis meses a cuatro años de prisión y multa en sus salarios de hasta 50 días, “a quien causara lesiones o su normal desarrollo al producto de la concepción”.
Este derecho que suma México es un precedente, no sólo para América Latina, el Caribe y el resto del mundo, sino también que se trata de un precedente de toma de consciencia, uno más que funciona como activismo para esta enorme querella, que se enlaza, ante todo, con romper esa falacia apuntada tanto en tinta escrita como moral: las personas gestantes no son criminales por querer tener derechos sobre sus cuerpos, ningún castigo puede ser ejercido sobre ellas por esta causa.
Cuando es así, cuando ciertas instituciones ejercen poder sobre las corporalidades humanas, entonces, la violencia de género no está en manos de unos pocos sujetos, sino en manos de un país, de una sociedad, de una comunidad entera. Este es uno de los grandes discernimientos que ha despejado, reafirmado, esta marea verde y que se instala, como un hito a considerar, a la hora de escribir y practicar justicia e igualdad.
